CIUDAD DE MÉXICO. Lo primero que hizo Maru al salir de la audiencia fue llorar; ahora su agresor, acusado de intentar asesinarla, dejaba la cárcel para pasar el proceso en la comodidad de su hogar.

Con el llanto emergía el miedo ante la idea de que la agrediera nuevamente -tal como había amenazado en múltiples ocasiones-; ante la rabia de un sistema judicial que, por tecnicismos legales, no la protege, y ante la impotencia de saber que ella no es la única en esa situación.

En México, 234 mujeres fueron víctimas de feminicidio en los primeros tres meses del año, lo que representa un incremento de 10.4% en comparación con 212 mujeres en ese mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, de acuerdo con datos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

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Pero para muchas mujeres, el haber sobrevivido al ataque de su agresor no es garantía para estar a salvo y seguras. Las deficiencias del sistema de justicia hacen que sobre ellas penda cada minuto el riesgo de ser asesinadas.

Entre errores, vericuetos y desconocimiento

Carolina Ramírez, del Colectivo Sobrevivientes de Feminicidio, indicó a Dalia News+Media que el mayor problema que enfrentan las sobrevivientes es la impunidad, pues el agresor queda libre y ellas ante el tortuoso terror de convertirse en una cifra más en México.

El caso de María Eugenia Cruz (Maru) parecía ser diferente. En 2017, cuando su expareja intentó asesinarla con siete puñaladas, sus compañeros de trabajo lograron detenerlo. Mientras ella estuvo hospitalizada, luchando por su vida, él era procesado.

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Fue ingresado a prisión, pero el proceso legal se hizo interminable. El 14 de enero de 2020, Maru recibió la noticia: por ley, él no podía permanecer más tiempo privado de su libertad y debía seguir el proceso judicial desde su casa. Su agresor, en términos prácticos, estaba libre.

Las leyes en México contemplan una lista de delitos en que los acusados deben enfrentar su proceso en prisión preventiva. Se trata de delitos graves en que la privación de la libertad del acusado no está a discusión.

Uno de estos delitos es el feminicidio, pero la prisión preventiva también aplica cuando hay tentativa, es decir, hubo un intento por parte del agresor, pero la mujer sobrevivió.

Sin embargo, explica la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, la prisión preventiva tiene un plazo máximo de dos años, de acuerdo con lo que dicta el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, si el agresor quedó detenido pero no recibe una sentencia en el transcurso de los siguientes dos años, puede conseguir otro tipo de medida cautelar en libertad, como la prisión domiciliaria.

“Dos años cuentan cuando una persona es privada de su libertad y se determina la prisión preventiva, desde ese momento, todo el procedimiento, la etapa intermedia y el juicio, no pueden exceder dos años”, señaló.

La única manera en que el plazo de dos años en prisión preventiva pueda extenderse es que únicamente la parte acusada interponga amparos u otros recursos legales que impiden la resolución del caso.

Pero si la parte acusadora también interpone recursos, no se puede hacer efectiva dicha extensión.

En el caso de Maru, nadie le explicó este escenario. De manera que, el agresor presentó amparos, pero ella también para que sus padres fueran considerados víctimas indirectas. Con ello, le dio la oportunidad de salir del penal.

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Deficiencias en la tipificación

“Me están sentenciando a muerte”, fue lo primero en decir Maru aquel 14 de enero de 2020, cuando salió de la audiencia durante la cual su agresor fue enviado a casa bajo una única medida de seguridad: rondines policiales.

Para ella, era insuficiente que le dijeran que el proceso no se detenía y que en algún momento habría una la sentencia que llevaría de nuevo a la cárcel a su agresor: ella estaba en riesgo y debía protegerse.

Sin embargo, al momento de esta publicación, el proceso estaba estancado y Maru con el mismo miedo eterno. Una serie de amparos, errores en las notificaciones y las audiencias han obstaculizado el comienzo del juicio.

El temor no es infundado. Con 359 asesinatos violentos de mujeres entre feminicidios y homicidios dolosos, el tercer mes de este año ha sido el marzo más violento para las mujeres desde que se tiene registro, es decir, desde 2015, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El dato se traduce en un alza de 7% contra el mismo periodo de 2020.

Anteriormente, el peor mes para las mujeres había sido diciembre del 2018 con 357 feminicidios y homicidios dolosos.

Pero Maru no es la única bajo el terror. Fabi también lo vive.

A ambas las separan los más de 400 kilómetros de distancia que existen entre Veracruz y Ciudad de México, pero las une el poderse contar entre las sobrevivientes de intento de feminicidio, su batalla contra un sistema judicial ineficaz y el mismo temor constante.

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Fabiola Pozadas lleva el proceso penal contra su expareja, quien intentó asesinarla a través de la asfixia, pero en su caso, el delito que se persigue es “violencia familiar”. ¿Por qué? Porque la tipificación fue incorrecta; nunca se consideró como feminicidio.

Ramírez dice que este es justamente uno de los problemas que enfrentan las sobrevivientes: los sistemas de justicia se niegan a reconocer a las víctimas de feminicidio en grado de tentativa y los procesos se siguen por cualquier otro delito. Por lo tanto, la posibilidad de estar en la cárcel es menor.

El caso de Fabi tuvo irregularidades desde el principio y fue hasta hace poco tiempo, cuando su agresor presentó una denuncia, que fue detenido y finalmente hubo avance.

Pero cuando ella y sus representantes pidieron más tiempo para hacer peritajes como marca la ley, se encontraron con que la jueza consideraba que con esa solicitud solo buscaba alargar la prisión preventiva y obtener dinero.

“Al escuchar a la juez, lo que sentí fue total indefensión. Tal parece que los agresores pueden hacer lo que quieran y una es juzgada hasta en un juicio en el que tú eres la víctima […] Ante esta impunidad, claro que vivo aterrada de que mi agresor salga de prisión”, contó.

El agresor de Fabi aún no sale de la cárcel, pero teme que en cualquier momento lo haga, ya que la carpeta de investigación es insuficiente aún para mantenerlo adentro y los peritajes no se pueden hacer en dos días, como pidió la jueza que lleva el caso.

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Para Fabiola, escuchar que la acusaban de buscar que la prisión preventiva se ampliara fue una muestra de lo que viene para ella. Por ello, exigió que el Poder Judicial mexicano acabe con la impunidad y la ineficiencia a su interior.

En 2020, el Noveno Tribunal Colegiado analizó un caso de intento de feminicidio en Xochimilco donde se determinó la necesidad de la prisión durante todo el proceso penal. En ese momento, el feminicidio no estaba considerado de forma explícita en las leyes federales, pero los criterios de los juzgadores -primero locales y luego en el tribunal-, concluyeron que es un delito grave y que debía contemplarse que el acusado tuvo la intención de consumarlo.

En febrero de 2021, luego de largas discusiones en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se añadieron varios delitos al plano federal. Entre ellos, el feminicidio, que fue considerado como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que su aplicación no está sujeta al criterio de quien juzga.

Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales sigue marcando que la medida tiene una duración de dos años, tiempo en el cual debe concretarse el proceso judicial.

Fabi y Maru no solo están expuestas ahora ante su agresor, sino ante un aparato judicial que las deja desprotegidas e, incluso, las revictimiza. Ambas exigen un sistema que administre la justicia de manera pronta, completa e imparcial para poder recuperar sus vidas y la paz que el intento de feminicidio les ha quitado.