Las fallas en la prevención del embarazo infantil y adolescente, y cómo salir de ellas
Uno de cada 5 partos en México ocurre entre menores de 20 años. Un error es colocar toda la responsabilidad en las mujeres.
CIUDAD DE MÉXICO. El embarazo en edades tempranas tiene un costo para México de 63 mil millones de pesos al año, un monto con el que podrían construirse más de 9 mil 500 escuelas, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esto evidencia el fracaso de las estrategias gubernamentales que se han implementado para reducir esta problemática.
La meta establecida indica que para el año 2030, el país ya habría erradicado el embarazo entre menores de 14 años y reducido a la mitad los casos entre adolescentes entre 15 y 20 años, según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Sin embargo, el Gobierno de México ha fallado en varios aspectos. Por ejemplo, falta coordinación entre autoridades responsables, no ha logrado involucrar a la población masculina en la prevención y el presupuesto es insuficiente, indica el informe Embarazo Temprano en México, Panorama de Estrategias Públicas para su Atención, elaborado por el Colegio de México, consultado por Dalia Empower.
Es por ello que México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes y entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, 1 de cada 5 partos corresponden a menores de 20 años, según UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas).
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El costo del embarazo temprano
1 Menor educación
El 26.6% de las mujeres que vivieron una maternidad temprana, solamente tienen educación primaria; el 62.6% cuenta con secundaria y 6.68% con educación universitaria. En contraste, entre quienes fueron madres en edad adulta, 23.5% tiene educación primaria, 51.2% educación secundaria y 22.18% universidad. Esto de acuerdo con UNFPA, en su informe Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en Adolescentes en México.
“El abandono y el rezago educativo vinculados al embarazo adolescente representan para el país una pérdida anual estimada en 31 mil millones de pesos mexicanos. Este monto equivale a 1.6 mil millones de dólares”, señala el documento
2 Ingresos más bajos
Al tener menor educación también se reducen las posibilidades de tener un ingreso alto, puesto que aquellas mujeres que cuentan con posgrado tienen un ingreso 6.7 veces mayor que quienes tienen únicamente la primaria, según UNFPA.
“Los estudios profesionales aumentan el potencial de ingresos en forma significativa, sin embargo, el embarazo durante la adolescencia se relaciona con un impacto negativo en el logro educativo y la situación socioeconómica futura”, indica el reporte.
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3 Mayores costos en salud
Los embarazos adolescentes e infantiles requieren de mayor cantidad de recursos para ser atendidos. La Secretaría de Salud destina 6 mil millones de pesos al año para atender esta problemática, lo que se suma a los 2 mil millones de pesos que se las familias destinan a a atenderlos en instituciones privadas.
4 Menor recaudación fiscal
El Estado Mexicano también tiene afectaciones en cuanto a la cantidad de impuestos que deja de recaudar debido al embarazo adolescente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas considera que anualmente se dejan de recaudar 11 mil millones de pesos en IVA.
“El Estado deja de recaudar anualmente poco más de 11 mil millones de pesos, aproximadamente 585 millones de dólares, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido a la disminución de ingresos que implican el embarazo adolescente y la maternidad temprana”, señala.
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Las fallas en la estrategia
Las estrategias de los gobiernos han tenido importantes fallas que han obstaculizado de manera significativa el cumplimiento de las metas en el combate a esta problemática.
1 Problemas burocráticos y falta de comunicación
“Las capacidades burocráticas insuficientes para implementar esta estrategia, en particular, mostramos que no se dispone de recursos materiales adecuados y también enfatizamos la necesidad de formar a las personas responsables de manera continua”, indica el informe del Colmex. Como resultado, no todas las adolescencias tienen acceso a servicios médicos amigables y, por lo tanto, tampoco acceden a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.
“El acceso [a métodos anticonceptivos] no tiene solamente que ver con que las y los adolescentes acudan a solicitarlos, sino que cuando acudan, reciban una atención adecuada y se les brinden los métodos que son acorde a la etapa de su desarrollo”, señaló la activista e integrante de Equifonía, Aracely González Saavedra en entrevista para Dalia Empower.
Además, los procesos burocráticos obstaculizan o anulan la comunicación entre las diferentes dependencias. En ese sentido, González Saavedra explica que los embarazos en niñas menores de 15 años deben ser tratados como un delito pues no están capacitadas legalmente para dar consentimiento a relaciones sexuales. Por lo tanto, la Secretaría de Salud debe ofrecer interrumpir el embarazo y dar parte a la Fiscalía. Sin embargo, es común que esa comunicación no exista.
“Es necesaria la coordinación entre instituciones que son clave. Una es la Secretaría de Salud y otra es la Fiscalía. Pero también es importante que haya una mayor participación, por ejemplo, de las Procuradurías municipales para la atención de niñas, niños y adolescentes y, esto en particular: en la atención de casos de embarazo infantil”, aseguró la activista a Dalia Empower.
2 Carencia de recursos
La estrategia para evitar el embarazo infantil y adolescente no se debe basar únicamente en entregar anticonceptivos, puesto que no es eficaz, indica el informe del Colmex. Es necesario implementar otras acciones como el acceso a una educación sexual de calidad. “La experiencia internacional resalta que es poco efectivo limitar las acciones de prevención a distribuir anticonceptivos, pues, como dejó claro la pandemia derivada de la COVID-19, ante las crisis, los recursos para adquirir y distribuir los métodos se destinan con mucha frecuencia a atender otras prioridades de salud”, señala.
No obstante, los recursos económicos son insuficientes y no se están distribuyendo de la manera más eficaz. Inclusive, en los últimos años, el dinero ha salido de los estados, ya que la Federación no está apostando a este rubro.
“El presupuesto anual del Fobam (Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres ) otorgado a las entidades en 2021 fue de un total de 87.7 millones de pesos. El monto más bajo fue de 2.2 millones de pesos para Sonora y el más alto de 3.6 para Guerrero. Para poner en perspectiva estos fondos, en el mismo año, el programa Sembrando Vida, que tiene el objetivo de reactivar la economía local mediante el rescate al campo y el cuidado del medio ambiente en las comunidades-, recibió cerca de 29 mil millones de pesos para su ejecución (Cámara de Diputados, 2021). Es decir, 330 veces más que el destinado al Fobam”, indica el Colegio de México sobre uno de los rubros relacionados con combate al embarazo temprano.
Cabe señalar que el monto del Fobam se distribuye en otras acciones de bienestar para las mujeres, es decir, no solo al tema en cuestión. Al respecto, González Saavedra advirtió que 2023 será el primer año en que existan recursos específicos para ello y entonces las instituciones tendrán que hacer un análisis detallado de sus programas y acciones para solicitar dinero.
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3 Colocar la responsabilidad en las mujeres
Los hombres consideran que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de pedir y garantizar el uso del condón, así como de otros métodos anticonceptivos. Por otra parte, la percepción que tienen del preservativo es que se trata solo de una manera de evitar enfermedades de transmisión sexual, ignorando la posibilidad de embarazo, menciona el Estudio sobre la Prevención del Embarazo en Adolescentes desde las Masculinidades, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
“Se concibe el condón como algo para protegerse a sí mismos de infecciones que pueden transmitir las mujeres; por ende, el condón aparece como propio para uso con mujeres que potencialmente podrían tener estas infecciones y no con una pareja estable o duradera”, señala.
Además, el estudio advierte que los hombres mantienen la idea de delegar la responsabilidad de los embarazos totalmente a las mujeres. “Las predisposiciones detonan, en algunos, el delegar la responsabilidad del embarazo enteramente en la mujer: porque [según sus creencias] ellas saben más de eso y saben cómo cuidarse, cómo prevenirlo y cómo resolverlo; y algunas mujeres quieren tener un hijo ya sea por tenerlo, para salirse de su casa o para ‘atraparlos’”, puntualiza el documento.
Ante ello, son necesarias las campañas de educación enfocadas a los hombres, a través de las cuales aprendan la importancia de involucrarse en las paternidades, la necesidad del uso del condón y la responsabilidad que tienen.
El informe del Colmex señala que esto no es parte hoy de la estrategia para prevenir el embarazo adolescente. En vez de ello, responsabiliza a las mujeres de las acciones para evitarlo, mientras que en el caso de los hombres, se centra únicamente en el uso del preservativo.
“La reproducción de roles de género tradicionales se encuentra presente incluso a nivel de las estrategias nacionales, ya que en el diseño e implementación de acciones para tratar este problema social se deposita la responsabilidad casi exclusivamente en las niñas y en las adolescentes; mientras que, en el caso de los varones, las acciones se orientan a la educación sexual y al uso de anticonceptivos con enfoque preventivo, pero sin resaltar las obligaciones que se derivan de la paternidad”, indica.
**4 Culpabilizar y no concientizar
La estigmatización y la carga de culpas respecto al embarazo adolescente es otro gran error y debería ser remplazado por acciones para concientizar de manera responsable sobre esta problemática.
“Las funcionarias y funcionarios que operan los programas y convocatorias para las personas adolescentes reproducen sesgos de género y prejuicios en cuanto el embarazo en menores. Por ejemplo, reiteran términos como la 'naturalidad de la maternidad, de la paternidad', 'malas madres o malos padres', 'sexualidad precoz', entre otros”, advierte el informe del Colmex.
Estos señalamientos evitan que las adolescencias confíen en las instituciones y se acerquen a ellas. Las y los adolescentes son vistos y tratados por el funcionariado como personas que no tienen capacidad de decidir sobre su reproducción y no como sujetos activos. González Saavedra subraya que la educación sexual dirigida tanto a personas funcionarias públicas como a la juventud es la respuesta efectiva.
“Han fallado las estrategias de educación sexual desde la interculturalidad [...]; en general no hay campañas permanentes de educación sexual para la prevención de consecuencias no deseadas y para que las y los adolescentes puedan contar con herramientas para decidir sobre su cuerpo”, destacó.
Enfatizó, además, la urgencia de diferenciar entre el embarazo infantil y el adolescente. En el primero se considera que hubo un delito porque niñas menores de 15 años no tienen la capacidad legal para consentir una relación. Por lo tanto, las autoridades deben actuar a través de la Fiscalía y ofrecer la posibilidad de una interrupción legal del embarazo. En el segundo caso, a partir de los 16 años, las adolescentes son aptas legalmente para dar su consentimiento y es más probable que lo hayan otorgado. Pero existe una excepción: si la pareja es mayor edad sí hay un delito. Esta diferencia debe difundirse entre la población, advierte González Saavedra, para detectar con eficacia casos de niñas forzadas a convertirse en madres.
“Es importante que se difunda con la ciudadanía esta diferencia entre qué es un embarazo adolescente y qué es un embarazo infantil [...]; comprender esta diferencia ha sido clave para que detecten casos de niñas y que puedan canalizarlas a las insticuiones donde haya una atención resolutiva y que eviten que niñas de 10, 12 años sean obligada a ser madres. Incluso ha habido casos de vecinos que lo identifican y denuncian ante la fiscalía para que las resguarden de su familia, porque eso es importante decirlo, que muchas de estas niñas son víctimas de violencia sexual por parte de las personas más cercanas a ellas. Por eso es tan importante el papel de las procuradurías municipales”, afirmó.
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