CIUDAD DE MÉXICO. Denunciar una violación es de por sí un tema complejo a nivel psicológico, y en México, además, resulta un lastre ante una serie de ineficiencias y hasta corrupción en el aparato judicial. Esto lleva a que muchas mujeres decidan no denunciar y otras más, determinadas a romper el silencio tras haber sido abusadas siendo niñas o adolescentes, se encuentren con que sus casos han prescrito porque demandaron varios años después.

Desafortunadamente, en muchos casos la prescripción de un delito de violación llega antes de que la víctima pueda denunciar, debido a que se cometió cuando era menor de edad, dice Tania Rojas, abogada penal y de derechos humanos, en entrevista para Dalia News+Media.

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La víctima suele interponer un recurso legal cuando ya es mayor de edad, ha logrado asimilar lo que le sucedió y discernir que es un delito. El tema es cuántos años han transcurrido desde entonces y si la prescripción aplica, de acuerdo con el Código Penal de la entidad donde ocurrieron los hechos.

“Una niña que fue violada a las ocho años no entenderá qué está pasando en el momento [de la violación]. A lo mejor lo entiende cuando está en secundaria o está en prepa. A lo mejor en ese momento sigue siendo menor de edad y los papás no le creen, diciéndole: 'Oye es tu tío, abuelo o padre... Él sería incapaz de hacerte eso'”, menciona la abogada.

En México, se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año y 9 de cada 10 víctimas son mujeres. La mitad de los delitos son cometidos en el hogar de la víctima y 60% de las veces por familiares o personas conocidas. Además, 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad, de acuerdo con la Comisión a Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El tema de la prescripción en esta materia ha dado de qué hablar en los últimos días, a razón del caso del precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien enfrentaba hasta el pasado 21 de enero dos procesos por presunta violación.

Ese día la Fiscalía General de Guerrero (FGE) dio a conocer a través de un comunicado que la acción penal en uno de esos procesos había prescrito.

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La entidad afirmó que en su análisis jurídico se determinó que la prescripción obedece a que la denuncia se presentó en noviembre de 2020 sobre presuntos hechos ocurridos en 1998 en contra de una menor de edad, es decir, 22 años después.

Un obstáculo para garantizar justicia

El caso del político del partido Morena es un ejemplo de cómo la prescripción afecta directamente a la niñez. Niñas y niños afectados por alguna agresión e imposibilitados emocional y psicológicamente para acusar al momento de dicha agresión, pueden quedar imposibilitados también en el futuro para ejercer un mecanismo jurídico.

La abogada penalista, que también colabora con la red de Abogadas Mx, consideró que establecer tiempos para que una mujer inicie una acción penal es una acción que viola los derechos humanos, pues es imposible que un ente legislativo o judicial defina en qué momento una mujer está lista o con la madurez suficiente para levantar una denuncia.

“¿Cómo se va a establecer que una mujer está preparada para denunciar cuando alguien se metió con lo más privado de su vida? ¿Cómo va a establecer una autoridad un tiempo? Por eso creo que feminicidios y violación no deberían prescribir porque es imponer un tiempo" y obligar a una persona a actuar en determinada fecha, siendo que quizá no esté lista, expresó la abogada.

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A eso se suma la precariedad en los ministerios públicos, donde existe una carencia de recursos y de capacitación, además de bajos salarios. Pero sobre todo, no hay empatía por la víctima. Generalmente se le hace sentir culpable, se le revictimiza y se le desmotiva para que se arrepienta de de ejercer acción penal, señala Rojas.

Otro problema tiene que ver con las pruebas y testigos. La jurista explica que es mejor para una denunciante mostrar fuertes daños físicos para que sea escuchada en los ministerios públicos y su caso proceda.

Incluso, presentar testigos, cuando por la naturaleza privada y oculta de este crimen es muy difícil que los haya. Esto, pese a que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en la cual se determinó que no es no es necesario presentar testigos y que la declaración de la víctima es fundamental para la credibilidad.

De no presentar estos elementos, es solo la palabra de ella contra la del agresor y la pone en desventaja.

Un delito libre de prescripción

La prescripción y su tratamiento en los códigos penales de cada estado impiden garantizar justicia ante este tipo de transgresiones.

En el caso de la denuncia contra Salgado Macedonio, Tania Rojas ratifica que la prescripción sí procede de acuerdo con el artículo 94 del Código Penal de la entidad, el cual dice:

ARTICULO 94.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate.

Es decir, que si los hechos se cometieron en 1998, la prescripción hubiera iniciado en 2010 o en 2018, y 2020 está fuera del tiempo para ejercer acción penal en contra el precandidato de Morena.

La abogada en derechos humanos consideró que para este delito debería haber una reforma en todo el país que eliminara la prescripción.

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¿Más denuncias?

Félix Salgado Macedonio aún enfrenta una segunda denuncia por violación presentada en 2016 y que ha cobrado más relevancia por las declaraciones que ha hecho al respecto el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea.

Olea ha asegurado que en 2018 ya se tenía una orden de aprehensión en contra del hoy senador con licencia, la cual no se ejecutó por una solicitud del actual gobernador priista, Héctor Astudillo. De modo que el caso quedó congelado.

Ante esta declaración, la actual Fiscalía de Guerrero ha abierto una investigación contra Olea por omisión en sus funciones.

Además, el 5 de enero la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia del partido Morena recibió una denuncia más por violación.

¿Hacia la candidatura por Guerrero?

De cara al proceso electoral intermedio del próximo 6 de junio, el INE (Instituto Nacional Electoral) avaló en diciembre pasado que los candidatos a puestos de elección popular deben entregar una declaración “3 de 3″, en la que deben transparentar si tienen antecedentes de violencia contra las mujeres. De ser así, no podrán competir por un cargo.

Félix Salgado fue ratificado el 31 de enero pasado como candidato por Morena para la gubernatura de Guerrero. El presidente del partido, Mario Delgado, defendió la acción al mencionar que no existe una existe una sentencia que acredite el delito de violación y por lo tanto Salgado Macedonio "tiene sus derechos político-electorales".

Al respecto, Tania Rojas expresó que no debería ser aspirante "alguien que violó en su momento a una niña" y mucho menos ser gobernador "de uno de los estados donde hay altos índices de trata infantil y feminicidio".

“Al final parece hasta un premio. O sea, ya se fue impune con un delito y ahora no solamente goza de impunidad, sino que además le vamos a premiar con un cargo público. Por lo menos, si no los vas a castigar, no los premies”, dijo.

Ante la respuesta de la Fiscalía de Guerrero, un grupo de diputadas y senadoras de todos los partidos políticos, incluso de Morena, exigieron a través de un pronunciamiento que se cumplan las disposiciones que había emitido el INE, en el sentido de que los partidos se abstengan de postular candidatos con antecedentes de violencia de género.

Wendy Briceño, compañera de partido de Salgado Macedonio y quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, expresó su inconformidad por la designación del guerrerense, ya que pondera más la impunidad que la justicia en épocas electorales.

La legisladora acompañó su declaración con un documento que suscribieron cerca de 100 legisladoras más.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena abrió un procedimiento de oficio contra el senador con licencia por estas acusaciones.